Por: Noticias SIN
SANTO DOMINGO, República
Dominicana.- Las empresas del sector de telecomunicaciones en el país reiteran
su desacuerdo con algunas disposiciones del proyecto de Ley del Sistema
Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, aprobado recientemente
por la Cámara
de Diputados. La ley plantea la imposición de una “tasa” al tráfico
internacional como fuente de financiamiento, así como la instalación de equipos
en las premisas de las prestadoras para monitorear todo el tráfico de voz y
datos en la
República Dominicana.
En una nota suscrita por Claro,
Orange, Tricom, Viva y Wind Telecom, señalan que las informaciones que circulan
en los medios de comunicación son imprecisas y desactualizadas en cuanto al
mercado de las telecomunicaciones, ya que de aprobarse esta ley, sí afectaría a
los consumidores y a las operadoras locales.
¿Quién absorberá el costo que
genere el nuevo impuesto?¿Quién absorberá el costo que genere el nuevo
impuesto?
Aclararon que las tarifas locales
se definen tomando en cuenta los costos de las telefónicas y los del carrier o
transportista internacional, por lo que a pesar de que el impuesto se aplicaría
a las llamadas hacia la
República Dominicana , el costo adicional que implicaría para
el carrier será traspasado a los clientes que llaman, muchos de ellos
dominicanos en el extranjero que aportan a la economía a través de sus remesas.
Afecta a todos: a clientes
locales, a las empresas de telecomunicación, al Gobierno y al INDOTEL
Este aumento a su vez se
reflejaría en un ajuste de los precios de las llamadas internacionales desde el
país, debido a la disminución del volumen de negocio con dichos carriers y la
renegociación de precios que provocaría este cambio.
Siendo así, es incorrecto pensar
que no afectará a ninguna persona o empresa en el país pues un precio más
elevado de las llamadas, provocará una reducción significativa en la cantidad
de minutos entrantes; acelerará de forma importante la tendencia natural de
migración de ese tráfico a otras formas de acceso más económicas disponibles en
el mercado (P.e. WhatssApp, Telegram, otros), e incluso fomentará el negocio
ilícito de tráfico o “bypass”, con lo cual se reducirá el ingreso de divisas al
país no solo para las telefónicas, sino también para el gobierno, por una
disminución del Impuesto sobre la
Renta (ISR), y para el Instituto Dominicano de las
Telecomunicaciones (INDOTEL), por una disminución de la Contribución al
Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT), que es de 2% de los ingresos por
esos servicios.
¿Se trata de una tasa o un
impuesto a las telefónicas?
La tasa propuesta es en realidad
un impuesto adicional y afecta aún más el sector de telecomunicaciones en la República Dominicana ,
pues se vería obligado a pagar por adelantado el monto del impuesto, aunque no
lo haya cobrado o incluso facturado a las prestadoras internacionales.
¿Qué papel juegan los carriers o
intermediarios internacionales y cuál es su ganancia real?
Explicaron que para el tráfico de
minutos desde y hacia el extranjero, algunas veces intervienen carriers
internacionales que revenden los minutos que compran a las Prestadoras
interconectantes, pero aclararon que se trata de empresas legalmente
constituidas en su país de origen, que pagan impuestos en sus mercados de
operación y con las cuales tienen acuerdos formales.
Las empresas señalaron que los
principales mercados de llamadas internacionales hacia la República Dominicana
son altamente competitivos y generan ganancias que se derivan del volumen de
minutos más que del precio, lo que sugiere que sus márgenes sean bastante
razonables. Por ejemplo, con Estados Unidos, país desde el cual se originan la
mayoría de las llamadas entrantes, tienen acuerdos con más de 15 empresas.
Según el documento sobre tráfico y ganancia publicado en el 2016 por la Federal Communications
Commission (FCC) de los Estados Unidos, el porcentaje de los ingresos brutos
por minuto que manejan los carriers es de 25% para el tráfico USA – RD y 30%
para el resto del mundo.
Sí se violan acuerdos
internacionales vigentes
Por otro lado, aclararon que la
aplicación de este impuesto sí viola acuerdos internacionales de los cuales la República Dominicana
es signataria, pues provocaría un tratamiento desigual en los mercados,
contrario al denominado “trato nacional” establecido como principio básico de la Organización Mundial
de Comercio (OMC) y el DR-CAFTA.
El “Sistema Antifraude” viola
principio de privacidad e intimidad de información clientes
Igualmente, destacaron como
relevante que el artículo 28 del proyecto de ley, relativo al establecimiento
de un mecanismo de control de tráfico, busca el seguimiento y monitoreo en
tiempo real del tráfico de voz y de datos que circula por las redes de las
prestadoras locales, lo que atenta directamente contra el derecho a la
intimidad y privacidad de las informaciones y datos de los usuarios, pues el
Estado tendrá acceso directo a las plataformas de las prestadoras, pudiendo
recabar información de los usuarios sin necesidad de una autorización judicial
previa como requieren las leyes y la Constitución.
Las telefónicas destacan que además
del apoyo que han prestado al sistema 9-1-1 desde sus inicios, contribuyen de
manera significativa a la economía dominicana a través de su cuantioso aporte
al fisco y su accionar como ciudadanos corporativos responsables. Muestra de
ello es que el sector encabeza el ranking de empresas de la Dirección General
de Impuestos Internos (DGII), como las de mayor aporte en el sistema tributario.
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