Santo Domingo, República Dominicana. – La abogada Yamile Gutiérrez advirtió que la intensificación de medidas regulatorias en el sector de juegos de azar podría estar generando más incertidumbre que orden, afectando la seguridad jurídica y la competitividad de la industria.
Explicó que la Resolución 217-2025, emitida por el Ministerio de Hacienda y Economía, elevó las exigencias en prevención de lavado de activos, fortaleciendo los estándares de cumplimiento, gestión de riesgos y supervisión para los operadores formales.
No obstante, señaló que este endurecimiento ha tenido un impacto desigual, ya que mientras las empresas reguladas asumen mayores cargas, el sector informal continúa operando fuera del alcance efectivo del regulador.
En ese contexto, se refirió a la Resolución 161-2026, que establece un esquema de evaluación de idoneidad desde accionistas hasta personal operativo, bajo un sistema de revisión continua que condiciona la permanencia en el mercado.
Indicó que, aunque esta medida se alinea con estándares internacionales y la Ley 155-17, la falta de criterios claros abre espacios a la discrecionalidad administrativa, afectando la estabilidad jurídica de los operadores.
Asimismo, abordó el Decreto 197-2026, promulgado por el presidente Luis Abinader, el cual reabre el proceso de regularización de bancas de apuestas, aún con desafíos pendientes como criterios de distancia, antigüedad y control del sector informal.
En ese escenario, valoró la designación de Teófilo Quico Tabar al frente del Consejo Consultivo, destacando su experiencia como un elemento clave para impulsar soluciones en un proceso que requiere mayor efectividad institucional.
“El sector de juegos de azar requiere con urgencia una ley integral que modernice el marco normativo y lo adapte a la realidad operativa actual. Sin esto, se seguirá perpetuando un sistema donde se penaliza al que cumple y se tolera al que evade”, afirmó. Gutiérrez concluyó señalando que regular es necesario, pero advirtió que sin claridad, coherencia y una ejecución efectiva, la regulación podría terminar desordenando el sector y fomentando la ilegalidad.
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