Desde que la Junta Central Electoral anunció a media mañana del domingo 16 de febrero la suspensión completa del proceso de votación en las elecciones municipales, la sociedad dominicana ha demandado una explicación transparente y creíble de lo que sucedió en el sistema automatizado instalado por el máximo órgano electoral.
Ciudadanos y ciudadanas se han manifestado en diferentes puntos del país reclamando una respuesta seria y contundente a la pregunta de qué pasó ese día o días antes que impidió la celebración de las elecciones para elegir las autoridades municipales.
Lo que ocurrió, sin duda alguna, fue un hecho lamentable, bochornoso y frustrante. Los ciudadanos manifestantes y la sociedad entera demandan y merecen una explicación.
La indignación de la población pone de manifiesto que la gente no es indiferente ante el hecho de que no se le permitiera ejercer el derecho al voto. La democracia comienza, aunque no termina ahí, en el ejercicio del sufragio con libertad plena de la ciudadanía.
Sin elecciones libres y competitivas, justas y transparentes, no puede haber democracia.
Garantizar ese derecho es una responsabilidad de todos, pero especialmente de la Junta Central Electoral, a la que la Constitución y las leyes le otorgan esa potestad como órgano autónomo e independiente.
La respuesta que la sociedad reclama tiene que tener credibilidad. No se logra nada si la explicación que se ofrezca, aún pueda ser verdadera, no cuenta con esa credibilidad que es la base de la confianza que debe existir entre gobernantes y gobernados.
Reconociendo esto, hay que buscar una vía para dar credibilidad a cualquier investigación que se lleve a cabo para determinar qué pasó y si hubo alguna actuación dolosa en esa interrupción inesperada de las elecciones municipales.
El Gobierno dominicano reconoce que en un ambiente de tanta desconfianza como en el que nos encontramos, cualquier investigación que se lleve a cabo sin la debida independencia de todos los actores políticos, incluyendo al Gobierno, generará suspicacia y descreimiento tanto en los partidos políticos de oposición como en amplios segmentos de la sociedad dominicana.
Lo mismo puede decirse de la Junta Central Electoral, órgano que determinó la suspensión de las elecciones ante los fallos en los equipos técnicos del voto automatizado.
Esto lo pudimos constatar en una ronda de consultas que, por instrucción del Presidente de la República Lic. Danilo Medina, llevamos a cabo a principios de semana el ministro de la Presidencia, el ministro Administrativo de la Presidencia y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo con importantes líderes de opinión del país, así como con líderes del sector empresarial.
En vista de lo anterior, el presidente Danilo Medina instruyó al ministro Administrativo de la Presidencia, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo y al embajador dominicano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) reunirse con el Secretario General de la OEA Luís Almagro para ventilar este asunto y explorar vías de cómo proceder ante una situación como la que enfrentamos los dominicanos en esta coyuntura. La reunión con el Secretario General Almagro se produjo en el día de ayer en la sede de la OEA en la ciudad de Washington, D. C.
Como resultado de esta reunión, el Gobierno dominicano considera que el curso de acción más idóneo es solicitar a la OEA que haga una auditoría-investigación que arroje luz sobre lo que pasó en el sistema de votación automatizado en la República Dominicana que dio lugar a la suspensión de las elecciones municipales.
Para lograr este objetivo, la Junta Central Electoral debe cursar una invitación a la OEA para que lleve a cabo esta tarea, al tiempo que el Gobierno dominicano firme el protocolo de rigor que se corresponde con este tipo de misión especial.
Del mismo modo, instituciones como la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) pueden participar en ese proceso de investigación, de modo que haya la mayor transparencia y credibilidad en los resultados que arroje dicha investigación.
En vista de lo anterior, le estamos solicitando al Ministerio Público que suspenda su investigación sobre este caso para dar oportunidad que la OEA y demás organismos de carácter internacional puedan llevar a cabo una investigación sin contaminación de los actores políticos.
Lo que procuramos con esta iniciativa es que la investigación que se lleve a cabo sea independiente, transparente, rigurosa y objetiva.
21 de febrero de 2020
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