SANTO DOMINGO, República
Dominicana.-El Partido Revolucionario Moderno (PRM) declaró que el informe de
la comisión designada por el Presidente Danilo Medina para evaluar la
licitación de la construcción de las plantas de carbón de la Central Punta
Catalina fue un esfuerzo inútil para justificar la parcialidad del Gobierno en
el otorgamiento del contrato a la empresa brasileña Odebrecht.
Asimismo, advierte que ese
informe se inclina a proteger a Odebrecht, en detrimento del Esado dominicano.
“¿Por qué el Informe protege
los intereses de Odebrecht y no los del Estado Dominicano?”, preguntó el PRM.
En rueda de prensa celebrada
este martes, el Secretario General del PRM, Antonio Almonte, dijo que esa
organización objeta y critica las violaciones que pone en evidencia el informe
de la comisión sobre las exigencias del marco legal y normativo que regulaban
la licitación.
Sostuvo el PRM que las
violaciones que se cometieron en los criterios que llevaron a cabo la selección
de Odebrecht como ganadora de la licitación, las costosas “distorsiones” en la
financiación de las plantas de carbón, los indicios y confesiones de sobornos
que mediaron en la negociación y los “claros indicios” de sobrevaluaciones en
el costo de la obra.
A continuación los puntos
críticos expuestos por e PRM sobre el informe de la comisión para Punta
Catalina:
1.Una licitación improcedente
En enero del 2012 la CDEE dio apertura a una
licitación pública internacional para construir plantas eléctricas de carbón o
gas natural de 260 megavatios cada una hasta completar 1,000 megavatios. (LPI
No. CDEEE-11/2011).
Según esta licitación serían
empresas privadas locales y extranjeras las que construirían dichas plantas con
recursos propios o financiamiento gestionado por ellas. El único compromiso del
Estado sería garantizar la compra de la energía, a través de las
distribuidoras. En este esquema el Estado no tendría necesidad de endeudarse,
ni aportar un centavo para la construcción de las plantas.
En el marco de esta
licitación, en abril del 2012, siete empresas precalificaron y otras seis
estaban pendientes de subsanar algunos detalles. En julio del 2012, el recién
electo presidente Danilo Medina viajó a Brasil para, entre otras cosas,
gestionar cooperación del gobierno de ese país a fin de construir una central
termoeléctrica.
En octubre de ese año, la CDEEE canceló la referida
licitación sin ofrecer ninguna explicación. Luego, en mayo del 2013, abrió una
nueva para la construcción de Punta Catalina.
La diferencia ha sido que
ahora el gobierno ha tenido que buscar los recursos para financiar las plantas
por un monto aproximado a los US$3,000 millones que provienen de impuestos y
del endeudamiento público. Al respecto, cabe preguntarse ¿qué motivó semejante
decisión del Presidente Danilo Medina?
2.El Informe de la Comisión encubre el
incumplimiento de Odebrecht respecto al compromiso de financiamiento.
De acuerdo con el punto 14
del documento “Bases Fase de Ofertas y Cierre” (Bases de Licitación de Punta
Catalina) cada participante debía adjuntar en su propuesta los documentos de
garantía de financiamiento de por lo menos el 80% del costo del proyecto. La importancia
de este requisito era tal que en el punto 14.8 de las bases se establecía que
“será excluida toda oferta que no incluyera una oferta de financiamiento”.
En realidad, Odebrecht
cumplió inicialmente con ese requisito, pero luego debido a su involucramiento
en el escándalo de corrupción Lava Jato en Brasil, el financiamiento de 650
millones de dólares aprobado por el BNDES fue bloqueado y en consecuencia el
desembolso de parte del financiamiento colateral del grupo de bancos europeos
por 550 millones de dólares también ha sido parcialmente bloqueado.
En esas circunstancias, lo
que correspondía a Odebrecht era sustituir esos financiamientos por otros, en
razón de que se trataba de una clausula ineludible en las bases de la
licitación. Es decir, Odebrecht incumplió y está descargando en el Gobierno
Dominicano la responsabilidad de buscar el financiamiento.
“Ahora el gobierno ha tenido
que buscar los recursos para financiar las plantas por un monto aproximado a
los US$3,000 millones que provienen de impuestos y del endeudamiento público.
Al respecto, cabe preguntarse ¿qué motivó semejante decisión del Presidente
Danilo Medina?”
Lamentablemente, el Informe,
plantea en sus páginas 75-76, acepta como buena y válida la posición de
Odebrecht cuando señala: “Queda claro que la responsabilidad de buscar el
financiamiento era del Estado Dominicano”.
La realidad es que Odebrecht
no pudo sustituir el financiamiento de BNDES, por sus implicaciones en el
escándalo internacional de corrupción que la inhabilitó, dejando al Gobierno
Dominicano y a Punta Catalina en un franco estado de indefinición en cuanto a
financiamiento.
Ese hecho ha producido un
retraso de casi un año en la construcción, y generado costos financieros y
otros perjuicios al Estado dominicano que podrían traducirse en penalidades a
dicha empresa de acuerdo a disposiciones del propio contrato de construcción (EPC). Esa es la razón por la cual Odebrecht señala
al gobierno como responsable de la búsqueda del financiamiento.
Lamentablemente, el Informe
coincide con los alegatos de Odebrecht y la descarga de culpas, mientras deriva
hacia el Estado todos los costos de los incumplimientos. Cabría preguntarse:
¿Por qué el Informe protege los intereses de Odebrecht y no los del Estado
Dominicano?
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